El Tribunal Constitucional chileno y el activismo judicial: una mirada desde la justicia transicional

El objetivo de esta presentación es explorar las críticas al activismo del Tribunal Constitucional desde una perspectiva de Justicia Transicional, examinando dos hitos que han causado revuelo en el último tiempo. En primer lugar, el cambio de criterio del Tribunal Constitucional desde el año 2015 respecto de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuestos por la defensa de acusados en causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Y en segundo lugar, el requerimiento de inconstitucionalidad en contra de ciertas normas del proyecto de ley que regulan el otorgamiento de la libertad condicional respecto de los condenados por estas violaciones a derechos humanos. Se espera confirmar la existencia de activismo judicial en estos casos, lo que sería una práctica común en la justicia transicional, facilitada, entre otros factores, por la interpretación de carácter maleable dada amuchas de las normas en esta área.

La deforma del derecho

El Tribunal Constitucional ha desarrollado una serie de prácticas que lo alejan del respeto a las formas que gobiernan su funcionamiento y de su propia sujeción a derecho. Esto ha ocurrido cuando ha rectificado el quórum de aprobación de las leyes para así poder juzgar sobre su apego a la constitución; cuando ha admitido formas de interacción con él que frustran las reglas sobre legitimidad activa; cuando se ha desatado de las reglas que regulan sus propias facultades emitiendo pronunciamientos sobre asuntos respecto del que nadie ha reclamado su intervención; y, también, en la medida que se ha animado a reescribir, antes que solo a escrutar la constitucionalidad, las leyes sometidas a su conocimiento.
La infracción a las formas que gobiernan las competencias del TC no solo son preocupantes en su propio mérito, sino que en especial tratándose del desempeño de funciones por parte de un órgano cuyas credenciales democráticas son, comparadas con las demás ramas del poder, más débiles.

Tribunal Constitucional y trabajo: un derecho de migajas

Esta presentación examina la manera como el Tribunal Constitucional chileno ha decidido sobre la constitucionalidad de diversas normas laborales y de derecho sindical. Se destaca el capítulo más reciente del papel desempeñado por el TC en materia de trabajo como el más sorpresivo: en el año 2018 determinó que los trabajadores del sector público no tienen derecho a un tribunal para reclamar derechos fundamentales, remitiéndose a la historia de la elaboración de la Constitución de 1980. Esta decisión es criticable no sólo porque el elemento histórico como fundamento para la interpretación constitucional sea particularmente inadecuado en términos técnicos, sino porque el Tribunal Constitucional con ello se vale para fundamentar del proceso que llevó a la dictación de un decreto-ley de dictadura, lo que es en su origen la Constitución de 1980, dejándolo así en la más plena politización de sus funciones y en las antípodas de ser el garante de una Constitución para una democracia.

Activismo político del Tribunal Constitucional chileno

De un tiempo a esta parte, el Tribunal Constitucional chileno (TCCh) se ha transformado en importante actor en el proceso de formación de las leyes. Lejos de asumir una actitud deferente con el legislador, ha instalado una práctica en que, con interpretaciones extensivas, termina torciendo lo resuelto en el espacio de la deliberación democrática.
Esta crítica al TCCh ya se ha hecho, pero cuando su integración era diferente a la actual. Algunos denunciaron que se estaría dando una preocupante práctica de activismo judicial, lo cual supone una amenaza para el sistema democrático.
En el presente trabajo se va a retomar esa crítica y mostrar cómo en los últimos años, el TCCh ha terminado siendo el más importante legislador, pero actuando no cómo un árbitro de competencias sino que un actor político al servicio de una determinada ideología.